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Cerramos un año convulso en el que la economía peruana continúa resistiendo los embates de una crisis política crónica que ha alcanzado nuevos picos con la asunción de la sexta mandataria en el lapso de cinco años. Si bien el problema económico central ha sido la elevada inflación registrada a lo largo del año, la presión sobre los precios se disipará los próximos meses gracias a la efectiva intervención del Banco Central de Reserva (BCR) y la eventual eliminación de las disrupciones de oferta detrás del repunte de precios de alimentos y combustibles.

Sin embargo, el mayor desafío que enfrenta el país es acelerar el crecimiento económico en un entorno desafiante. A futuro se espera que el mundo se desacelere y un contexto interno que castiga la inversión privada. La decisión de adelantar las elecciones generales para marzo de 2024 (aunque pendiente de una segunda votación en el Congreso) y la selección de un gabinete ministerial más solvente debiera darle un respiro al gobierno de transición en el corto plazo. No obstante, la conflictividad y violencia social continuarán condicionando la recuperación económica, a lo que se suma la incertidumbre que acompaña todo proceso electoral. Las eventuales reformas políticas que se logren adoptar permitirán dilucidar si un escenario de mayor estabilidad política es posible luego de crisis, sin mencionar los estragos ocasionados por la pandemia.

La mayoría de analistas privados, agencias calificadoras de riesgo, organismos multilaterales e incluso el BCR muestran un fundado escepticismo si es que se logrará acelerar el crecimiento del PBI el 2024. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pretende relanzar por segunda vez un plan de estímulo económico convencional dándole soporte fiscal a familias, grupos vulnerables y pequeñas empresas a través de mayores subsidios y apoyos de liquidez. Sin embargo, no es claro que el impulso económico sea lo suficientemente efectivo para que la inversión privada recobre nuevo dinamismo. Los mayores riesgos que condicionan la recuperación de la confianza es que persista la convocatoria a una asamblea constituyente y la incertidumbre que genere el proceso electoral, incluido el populismo legislativo.

El escenario base para el año 2023 es uno en que el entorno externo no contribuirá a significativamente a impulsar la actividad económica. Los supuestos base son que los bancos centrales de los países industrializados podrán controlar la inflación sin generar una recesión significativa, así como que China desarrollará una mayor capacidad de evitar confinamientos sociales ante una pandemia que no se llega a controlar del todo. Recordemos que un 60% de la variabilidad del PBI peruano depende de factores externos y su proyección se torna clave.

Por su parte, la evolución de la demanda interna depende del desempeño de la inversión y el consumo. La inversión pública va a pasar por la transición normal de un cambio en las autoridades a nivel de los Gobiernos regionales y locales, que son responsables del 65% de la ejecución de obra pública y que, normalmente, se desploma cada cuatro años.

Por su parte, la inversión privada seguirá una tendencia inercial con los proyectos en curso, pero habrá mayor cautela ante la falta de definición política. En minería, no hay ningún proyecto de la misma envergadura de Quellaveco en Moquegua y, en general, la deficiente gestión de la conflictividad social pasará factura. El sector deberá enfrentar contextos difíciles marcados por el hecho que tres regiones inminentemente mineras, como Áncash, Cajamarca y Cusco, han elegido a nuevos gobernadores anti-mineros, al igual que en un número importante de municipios en las áreas de influencia del corredor minero del Sur.

Por último, el consumo privado ha sostenido en gran medida a la actividad económica del país, pero su desempeño ha sido heterogéneo por sector. Aun cuando el gobierno opte por continuar con una política fiscal expansiva de darle soporte económico a los grupos más vulnerables, no habrá una inyección de liquidez tan fuerte como la que hubo este año a raíz de la liberación de ahorro privado de los trabajadores formales (de los fondos de pensiones privados y las CTS). A esto se suma que la capacidad adquisitiva del grueso de la fuerza laboral continuará siendo mermada por una inflación, que irá cediendo gradualmente. Además, el crédito de consumo irá moderando su soporte al gasto privado por la mayor morosidad que aqueja al sector y la natural cautela de las entidades financieras.

Es así como no hay motores evidentes que dinamicen el crecimiento el año que estar por iniciar. No obstante, la resiliencia económica es real y la salida del gobierno anterior augura el detenimiento del declive económico que el Perú registraba. El escenario base es que la ralentización económica se detenga y que el crecimiento se estabilice en torno al 3%. Una mejora en estas perspectivas pasa necesariamente por inyectarle confianza a los agentes económicos, objetivo que se logrará con políticas sensatas y sin desandar el modelo económico vigente. La agenda futura sigue demandando mejoras institucionales y un Estado que cumpla con efectividad, eficiencia y transparencia las responsabilidades básicas que la población exige. Esto, por su parte, demanda de renovados liderazgos y un sistema político menos disfuncional.

Fuente:www.infobae.com/america/opinion/2022/12/22/que-esperar-para-la-economia-peruana-el-proximo-ano/